PFAS en pesticidas: la ley que California no pudo aprobar

La ley que iba a prohibir los "químicos eternos" en tu comida quedó en papel mojado

Una ley diseñada para mantener los PFAS fuera de los cultivos de California llegó al escritorio del gobernador Gavin Newsom con sus dientes arrancados. Lo que comenzó como una prohibición real terminó siendo apenas un requisito de registro y divulgación. La industria química y agrícola gastó cientos de miles de dólares en lobbying para que así fuera.

Qué son los PFAS y por qué importaba esta ley

Los PFAS (sustancias per y polifluoroalquiladas) son compuestos sintéticos que no se degradan en el ambiente ni en el cuerpo humano, de ahí que se les llame "químicos eternos". Se encuentran en empaques de alimentos, utensilios antiadherentes y, cada vez más, en pesticidas agrícolas. Su acumulación en el organismo se ha asociado en múltiples estudios con alteraciones hormonales, daño hepático, mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer y disfunción del sistema inmunológico.

California, el mayor productor agrícola de Estados Unidos y uno de los mercados de referencia regulatoria en el mundo, tenía la oportunidad de marcar un precedente concreto: prohibir el uso de pesticidas con PFAS en su territorio. El proyecto de ley original apuntaba exactamente a eso. Pero después de una intensa campaña de presión de la industria química y del sector agroindustrial, el texto que finalmente avanzó quedó reducido a obligar a los reguladores a rastrear y divulgar las aplicaciones de pesticidas en el estado. Sin prohibición. Sin límites de exposición. Sin consecuencias para quienes los usen.

Activistas y legisladores que impulsaron la versión original lo describieron sin eufemismos: es "una cáscara" de lo que debía ser. El dinero de lobbying hizo su trabajo.

Por qué el lobbying ganó esta batalla

El patrón no es nuevo, pero sí ilustrativo. Cuando una regulación amenaza con cambiar la economía de un sector, el capital se organiza. En este caso, la industria química y agrícola invirtió cientos de miles de dólares para transformar una prohibición en un trámite burocrático. No derrotaron la ley: la vaciaron.

El resultado práctico es que los agricultores de California pueden seguir aplicando pesticidas con PFAS sin consecuencia legal inmediata. Los consumidores que compran frutas y verduras de ese estado, dentro y fuera de Estados Unidos (porque la producción californiana abastece a gran parte del mercado internacional, incluyendo países de América Latina), continúan expuestos sin que ningún etiquetado lo indique. El mecanismo de divulgación aprobado podría eventualmente generar datos útiles, pero por sí solo no protege a nadie en el corto plazo.

Lo que hace visible este episodio es una tensión que no se resuelve con buenas intenciones: las decisiones de qué químicos se permiten en los alimentos no las toma la ciencia sola. Las toma la ciencia más el dinero. Y cuando el dinero es suficientemente organizado, la ciencia puede esperar.

Lo que un consumidor puede y no puede controlar desde hoy

Aquí es donde la noticia se vuelve más incómoda: la carga de la protección recae, una vez más, sobre el individuo. Sin regulación efectiva, las opciones disponibles son las de siempre. Elegir productos con certificación orgánica reduce (aunque no elimina) la exposición a pesticidas sintéticos. Lavar bien los vegetales con agua limpia ayuda con los residuos superficiales, aunque los PFAS que se absorben en el suelo y pasan a la planta no se eliminan con el lavado. Diversificar el origen de los alimentos que se consumen reduce la dependencia de una sola cadena de suministro.

Estas estrategias son válidas y tienen sentido en el día a día. Pero reconocer que el consumidor individual no puede suplir lo que una regulación fallida no hace es también parte del criterio. El cuerpo es un sistema que acumula lo que el entorno le ofrece, y lo que el entorno ofrece lo define, en buena medida, quién tiene poder para moldear las reglas. California mostró, con esta ley vaciada, cómo se mueve ese poder cuando se lo incomoda.

La línea del fondo: Una ley de prohibición convertida en ley de registro no protege a nadie; solo crea la apariencia de acción. Para quien compra vegetales de origen californiano o estadounidense, la certificación orgánica sigue siendo el único filtro con algún respaldo regulatorio real mientras las prohibiciones de PFAS en pesticidas no tengan dientes.